La crisis por los esperados conciertos del grupo coreano BTS en Chile ha entrado en una fase completamente definitoria. El Instituto Nacional del Deporte (IND) abrió una ventana de esperanza al revertir su postura inicial y abrir la puerta para que las fechas del 14, 16 y 17 de octubre sí se realicen en el coloso de Ñuñoa.
Esta flexibilización ocurrió luego de que la productora DG Medios presentara una nueva planificación técnica para resguardar el recinto deportivo. Sin embargo, el anuncio del Ministerio del Deporte (Mindep) incluyó un endurecimiento en las reglas del juego que encendió de inmediato las alarmas de la industria musical.
La dura advertencia del Gobierno
El texto del Mindep adelantó que aplicará un severo ajuste en la normativa para la realización de estos macroeventos. El principal cambio será la incorporación obligatoria en el flujo de aprobación de la Delegación Presidencial, sumado al establecimiento de multas para las productoras que vendan entradas sin autorizaciones vigentes.
Al respecto, la ministra del Deporte, Natalia Duco, lanzó dardos directos contra el rubro en una entrevista con 24 Horas. La autoridad criticó la forma en que operan las empresas de entretenimiento masivo.
“Se ha hecho común que las productoras salen a vender entradas sin estas confirmaciones, cosa que pagan los fans, como es ahora las Army”, lanzó Duco.
La contundente respuesta de Agepec
La respuesta de las compañías de música en vivo, agrupadas en la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), no se hizo esperar. A través de una declaración pública, el gremio manifestó su profunda preocupación por la mirada del Ejecutivo.
“Nos preocupa especialmente el sentido de este anuncio, porque transmite una mirada parcial sobre cómo funciona la industria de los espectáculos en vivo y vuelve a situar sobre las productoras la carga de una incertidumbre que, muchas veces, se origina precisamente en la falta de reglas claras”, señalaron desde Agepec.
El gremio enfatizó que la programación internacional se gestiona con 12 a 18 meses de anticipación. Por lo mismo, consideran que reducir el debate a sanciones económicas desconoce por completo la complejidad de los calendarios globales.
Acusan medidas desproporcionadas
Frente a las críticas de la ministra Natalia Duco, desde la asociación descartaron tajantemente cualquier tipo de improvisación en sus operaciones cotidianas. Aseguraron que los anuncios se realizan tras extensas negociaciones con managers y recintos.
“En ese escenario, anunciar nuevas multas sin abordar al mismo tiempo la incerteza institucional, la fragilidad contractual de los recintos públicos y la ausencia de una política de infraestructura resulta desproporcionado”, puntualizaron de forma categórica.
Para respaldar su postura, la asociación entregó cifras contundentes del impacto que generan. El sector moviliza entre 2 y 3 millones de asistentes al año —superando al fútbol profesional—, genera más de 160 mil puestos de trabajo y facturó $115.049 millones en 2024.
El documento concluye con una severa advertencia para el futuro del entretenimiento en el país. De persistir esta lógica regulatoria, alertan que Chile dejará de ser una plaza competitiva para los grandes conciertos internacionales, dañando el turismo, la economía y el patrimonio cultural.