El fenómeno de las rifas digitales en Chile ha dejado de ser un simple juego de azar para convertirse en una industria millonaria que opera, en gran medida, al margen de la normativa vigente. Un reportaje de Teletrece puso el foco en las actividades de la influencer Naya Fácil, cuya reciente rifa de una camioneta Suburban de alta gama destapó una serie de fallas técnicas y legales que han dejado a miles de participantes con las manos vacías y sin mecanismos claros de reclamo.
En el centro de la polémica se encuentra la transparencia de los sorteos. Durante la realización de uno de sus concursos más masivos, se detectó que más de 4.300 números de tickets quedaron excluidos del sistema por errores en la carga de datos. Esto afectó directamente a 3.451 usuarios que, pese a haber pagado el valor de la entrada, nunca tuvieron la posibilidad real de ganar. La respuesta de la influencer fue ofrecer un nuevo sorteo con un premio de menor valor o la devolución del dinero, bajo la condición de no ejercer acciones legales, una cláusula que expertos jurídicos califican como nula y amedrentadora.
El vacío legal y la recaudación millonaria
Desde el punto de vista jurídico, el panorama es complejo. En Chile, la organización de rifas con fines de lucro por parte de personas naturales es considerada irregular. Según la legislación actual, solo instituciones de beneficencia o entidades autorizadas como Polla Chilena de Beneficencia y los casinos de juegos pueden gestionar apuestas. Sin embargo, influencers aprovechan el alcance de sus redes sociales para vender “tickets” o “fotos” que funcionan como boletos de entrada, logrando recaudaciones que superan los 320 millones de pesos en una sola instancia.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ya ha tomado cartas en el asunto. La entidad fiscalizadora ha iniciado un programa de monitoreo específico para generadores de contenido, advirtiendo que estas operaciones no solo deben tributar, sino que el patrimonio acumulado debe ser justificable frente a los ingresos declarados. La preocupación del organismo no se limita a los organizadores; los ganadores de estos premios también deben declarar el bien como renta si deciden venderlo o enajenarlo, enfrentando obligaciones tributarias que muchos desconocen.
Falta de fiscalización y protección al consumidor
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha recibido múltiples reclamos por incumplimientos en las condiciones ofrecidas en estos sorteos. No obstante, el vacío legal actual dificulta una protección efectiva, ya que el objeto de la transacción muchas veces se disfraza bajo la venta de un producto digital. Las víctimas denuncian desde la no recepción de sus números de participación hasta la imposibilidad de contactar a los organizadores para obtener reembolsos.
Mientras figuras como Arturo Vidal también han incursionado en este modelo a través de empresas intermediarias, el caso de Naya Fácil resalta por la informalidad y la conexión emocional que utiliza para mantener la fidelidad de sus seguidores, incluso ante evidentes irregularidades. La justicia y las autoridades tributarias avanzan ahora en una regulación que busque poner límites a un negocio que crece exponencialmente sin supervisión estatal.