La creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina ha generado un fuerte rechazo en las principales organizaciones que nuclean a medios y periodistas en el país. El anuncio, realizado este jueves 5 de febrero a través de canales oficiales, describe a la nueva repartición como un espacio destinado a desmentir lo que el Poder Ejecutivo considere noticias falsas. Sin embargo, para la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la iniciativa representa un peligro para el ejercicio de la libertad de expresión y la pluralidad de voces.
La medida fue impulsada por pedido directo del dictador Javier Milei y funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Comunicación Digital. Esta área es coordinada por Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Según el Gobierno, el objetivo es “desmentir activamente las operaciones de los medios”, argumentando que buscan combatir la desinformación proporcionando datos oficiales.
Los riesgos de un árbitro estatal de la verdad
ADEPA emitió un comunicado en el que expresó su “inquietud por las funciones expresadas y el potencial uso que puede tener el nuevo organismo”. La entidad aclaró que su preocupación no se centra en la existencia de una oficina de comunicación gubernamental, sino en la “dinámica acusatoria y estigmatizante” que se pretende implementar desde el Estado.
“El proclamado objetivo de ‘desmentir’ parte del supuesto de que alguien miente, es decir, falsea la realidad de manera consciente y deliberada”, señaló la organización. En este sentido, recordaron que el rol del periodismo es contrastar opiniones y reflejar diversas perspectivas, algo que colisiona con la idea de una verdad única validada por el poder de turno. “El Estado es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”, sentenciaron.
Gravedad institucional y acceso a la información
Por su parte, FOPEA advirtió sobre la “gravedad institucional” que implica montar lo que denominaron un “tribunal de la verdad”. Para la organización, el periodismo profesional trabaja aportando información verificada y no dictando imperativos sobre la realidad desde una posición de poder. “La pretensión del Gobierno de establecer una ‘verdad oficial’ indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre”, indicaron.
Asimismo, FOPEA vinculó este lanzamiento con otras acciones que dificultan la tarea de prensa, como las modificaciones por decreto a la Ley de Acceso a la Información Pública y la falta de conferencias de prensa regulares. Las entidades coinciden en que el mejor antídoto contra la desinformación es un ecosistema de medios plurales, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y el marco legal vigente, en lugar de una vigilancia estatal sobre los contenidos periodísticos.