La causa judicial que comenzó investigando presuntas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias dio un giro determinante. La investigación en contra de Camila Flores, hoy senadora de Renovación Nacional, sumó nuevos y complejos antecedentes revelados por un reportaje de Teletrece.
El caso, conocido mediáticamente como la “Cuota Flores”, indaga la denuncia del exasesor Julio Lillo. Según su testimonio, la entonces diputada le exigía la devolución de parte de su sueldo fiscal a cambio de asegurar su puesto de trabajo.
Los reveladores mensajes y el misterio de los sobres
A pesar de los intentos de su defensa por restringir el acceso a su teléfono, los peritajes del OS9 de Carabineros lograron rescatar conversaciones cruciales desde otros dispositivos. Entre ellos, destacan los intercambios de WhatsApp con su secretaria, Yolanda Olfos.
En uno de los mensajes revisados por el Ministerio Público, Olfos le escribió a la parlamentaria: “Diputada, tengo el sobre de Julio, ¿necesito su autorización o se lo llevo?”. Frente a los fiscales, la propia asistente admitió una distinción clave:
“El sobre no era de los gastos para rendir, porque esos sobres me los entregaba directamente a mí. Era un sobre para la diputada y yo no abría los sobres sin la autorización de ella”.
Por su parte, el denunciante Julio Lillo ratificó ante la Fiscalía que en esas entregas iba el dinero en efectivo exigido irregularmente.
Movimientos millonarios en la mira del SII
Las pesquisas del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también pusieron la lupa en el patrimonio de la legisladora entre 2018 y 2025. Un informe solicitado al Servicio de Impuestos Internos (SII) alertó sobre ingresos no justificados que superan las rentas habituales declaradas.
El análisis tributario arrojó que, durante el ejercicio 2025, figuran montos por facturas recibidas de $228.319.963 pesos, una cifra que excede con creces las declaraciones formales de la parlamentaria y que abrió una línea de indagación financiera prioritaria.
Gestiones para su madre y sospechas en la Ley de Notarios
El reportaje de Teletrece destapó además que la parlamentaria utilizó recursos institucionales para trámites familiares. Flores envió un oficio fiscalizador a la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos —zona que no representaba— para apurar la inscripción de un terreno a nombre de Verónica Oporto González, su madre.
El exasesor legislativo de RN que redactó el documento, Benjamín Rojas, reconoció la incorrección ética de la orden ante los investigadores:
“Si yo fuera parlamentario yo no hubiera hecho la consulta porque me parece reprochable éticamente, no corresponde. Se ve feo que un parlamentario haga uso de sus facultades para consultar sobre un trámite de un familiar”.
Por último, la Fiscalía indaga una arista de presunta corrupción vinculada a la tramitación de la ley de notarios. Testigos de la Cámara de Diputadas y Diputados alertaron a los persecutores sobre un repentino e inusual cambio de conducta de la legisladora, quien pasó de un rol pasivo a liderar votaciones, vetos y reservas de constitucionalidad en la comisión mixta.