La trágica muerte de un menor de 12 años, víctima de un disparo durante una encerrona en la comuna de San Bernardo, instaló una fuerte crítica hacia la gestión pública y la clase política en el panel del programa “Contigo en la mañana”. Los conductores del espacio televisivo analizaron el violento episodio —ocurrido cuando la víctima regresaba con su familia tras unos días de descanso— y cuestionaron las respuestas institucionales ante un fenómeno delictivo que vulnera de forma constante el estado de derecho.
Segregación de recursos y el “efecto globo”
Durante la transmisión, el panelista y exfiscal Carlos Gajardo junto a la periodista Andrea Arístegui expusieron las severas asimetrías económicas que enfrentan los municipios de la Región Metropolitana para combatir la delincuencia. Según datos estadísticos abordados en el debate, comunas como Pudahuel, Puente Alto y Maipú concentran la mayor cantidad de encerronas, sirviendo San Bernardo como una de las principales vías de escape para los delincuentes debido a sus conexiones con autopistas concesionadas.
Los panelistas explicaron que las medidas de seguridad adoptadas de forma aislada por las comunas con mayores ingresos generan un “efecto globo”, el cual desplaza la actividad criminal hacia zonas de menor presupuesto que carecen de infraestructura preventiva. El conductor Eduardo de la Iglesia enfatizó el desamparo institucional al revelar una cifra entregada por la administración local: en San Bernardo, Carabineros solo posee capacidad para responder al 37% de las llamadas de emergencia, dejando un 63% de los requerimientos vecinales sin atención policial en el lugar de los hechos.
Críticas a la gestión ministerial y legislativa
El debate abordó directamente las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien calificó la situación como un reflejo de que “el estado falló”. Andrea Arístegui criticó la respuesta oficial, señalando que el uso de frases diagnósticas por parte de las autoridades ministeriales representa una elusión de las responsabilidades individuales e institucionales vigentes. “Uno lo que espera de la autoridad es que diga se van a tomar tales medidas”, afirmó el panel, instando al Ejecutivo a implementar planes de acción concretos en lugar de emitir lamentos o delegar la seguridad en llamados al autocuidado ciudadano.
Asimismo, se cuestionó el retraso del Congreso Nacional en la tramitación de normativas críticas, como las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), cuyo debate se encuentra paralizado en la comisión mixta. El panel criticó que la agenda parlamentaria priorice disputas políticas coyunturales, como acusaciones constitucionales, postergando la urgencia de actualizar la ley de responsabilidad penal adolescente y la legislación aplicable al despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas.
Los desafíos de la delincuencia juvenil
El análisis diferenció la delincuencia vinculada al crimen organizado transnacional de las bandas delictuales tradicionales compuestas por menores de edad que actúan en pandillas. Gajardo advirtió sobre la falta de proporcionalidad en el marco penal actual, donde la pena máxima para adolescentes de 14 a 15 años es de 5 años, y para jóvenes de 16 a 17 años se limita a 10 años, incluso ante crímenes de extrema gravedad. El panel concluyó que el control efectivo requiere una mirada de largo plazo enfocada en la reinserción social y el freno a la deserción escolar, factores que hoy se encuentran ausentes de la discusión política inmediata.