El programa de televisión Primer Plano expuso una serie de antecedentes judiciales y testimonios que involucran a Mauricio González en presuntas estafas y deudas millonarias. González, conocido empresario gastronómico de la Región de Valparaíso, ejerce actualmente como jefe de gabinete de su pareja, la senadora Camila Flores. Por esta función pública, el administrador percibe una remuneración mensual de 3.600.000 pesos chilenos, situación que encendió las alarmas en el Congreso tras la difusión de los dictámenes de los tribunales laborales.
Demandas por deudas laborales en la educación superior
El origen de los litigios se remonta a las operaciones de la empresa de servicios de alimentación Mazano, propiedad de González. A través de esta firma, el empresario administró las concesiones de diversos casinos dentro de campus universitarios en la Quinta Región. Los extrabajadores acusan al empleador de cortar los pagos de cotizaciones de salud y previsión social, además de evadir las notificaciones de la Inspección del Trabajo.
Una exfuncionaria de los casinos detalló que trabajó cuatro años en la empresa y que debió recurrir al Juzgado del Trabajo de Valparaíso. El tribunal dictaminó una indemnización de 3.300.000 pesos chilenos que González nunca canceló. El exjefe de cocina de la firma enfrentó un escenario similar tras firmar su finiquito bajo falsas promesas de pago. “Hasta el día de hoy me han llamado de la Isapre Más Vida para cobrar esas imposiciones”, afirmó el afectado, cuya deuda pendiente roza los 4.000.000 de pesos.
El perjuicio económico a los proveedores locales
Las acciones legales no se limitan al ámbito laboral. Lucio Merino, un conocido proveedor agrícola del Mercado Cardonal de Valparaíso, denunció un desfalco superior a los 18.000.000 de pesos chilenos en la entrega de frutas y verduras para los casinos de Mazano.
Merino suspendió el suministro e inició una demanda civil debido a los constantes retrasos y cheques sin fondos. Aunque ambas partes asistieron a audiencias de conciliación en el domicilio particular de González, este cortó la comunicación de forma definitiva. “Para mí, después de todo lo que pasó, es una persona sin escrúpulos”, sentenció el agricultor damnificado.
El impacto de las denuncias en el Congreso Nacional
La revelación de estos antecedentes penales y comerciales generó repercusiones inmediatas entre los parlamentarios. Dado que González es un funcionario activo del Poder Legislativo, diversos senadores confirmaron que trasladarán el caso a la comisión de Régimen Interno. Esta instancia posee la facultad de revisar la idoneidad moral y los estándares de probidad de los asesores contratados en la corporación.
Por su parte, la senadora Camila Flores evitó las preguntas de la prensa y abandonó el edificio del Congreso en un vehículo alternativo para eludir las declaraciones. Paralelamente, la Brigada del Cibercrimen de la PDI citó a declarar a testigos en una arista secundaria del caso que investiga la filtración previa de registros íntimos de la pareja.