El panorama para La Red vuelve a tornarse crítico. En una decisión sin precedentes en el último tiempo para la televisión abierta chilena, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) acordó aplicar la medida de apremio de suspensión de transmisiones por diez (10) días corridos en contra de la Compañía Chilena de Televisión S.A.
La drástica resolución se adoptó tras constatar que la estación privada no ha pagado una multa previa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) que le había sido impuesta por el organismo regulador. Según la legislación vigente, la histórica señal de Quilín arriesga incluso penas de presidio y el comiso de sus equipos si no acata el apagón total de sus pantallas en las señales de libre recepción digital a lo largo del país.
El origen del conflicto: Incumplimientos financieros ante la CMF
La trama que detonó esta severa sanción comenzó a mediados de 2024. A través de un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se notificó al CNTV que La Red no había presentado dentro del plazo legal su estado financiero correspondiente al primer trimestre de 2024 (con fecha de corte al 31 de marzo de ese año). Las sociedades concesionarias de televisión abierta están obligadas por ley a entregar información fidedigna y oportuna sobre su situación económica.
A pesar de que el canal presentó descargos asegurando que un funcionario de la CMF les había otorgado una prórroga extraordinaria, el Consejo rechazó unánimemente los argumentos en agosto de 2025. En esa instancia, el CNTV le aplicó una multa de 200 UTM por infringir las exigencias de transparencia financiera contempladas en la Ley N° 18.838.
El portazo de la justicia y la fianza impaga
La Red intentó revertir la multa acudiendo a los tribunales mediante un recurso de reclamación. Sin embargo, el pasado 4 de marzo de 2026, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción del canal en todas sus partes, ratificando que el CNTV actuó bajo el estricto marco de sus atribuciones legales y que la multa se encontraba completamente ajustada a derecho.
Una vez ejecutoriada la sentencia, la estación televisiva tenía un plazo de cinco días hábiles para pagar las 200 UTM. Al no registrarse el pago del dinero en los tiempos que estipula la ley, el Consejo se vio facultado para aplicar el artículo 40 de la Ley de Televisión, el cual permite decretar la suspensión de las transmisiones a razón de un día de apagón por cada 20 UTM adeudadas. Al tratarse de 200 UTM, la ecuación matemática arrojó el castigo exacto de 10 días fuera del aire.
“El apremio administrativo no es la consecuencia jurídica de una infracción, sino una medida ejecutiva materializada por un órgano público (…) que tiene por objeto compeler compulsivamente la materialización de una conducta”, detalla el acta del CNTV, aclarando además que la suspensión no exime al canal de la obligación de pagar la multa.
Las 11 ciudades afectadas y el fantasma del delito radioeléctrico
El dictamen del CNTV detalla de manera específica que la suspensión de transmisiones se hará efectiva al día siguiente de que se notifique formalmente el acuerdo a la concesionaria. El corte de las pantallas afectará a las señales digitales de libre recepción de 11 importantes localidades donde el canal cuenta con recepción de obras autorizadas para explotar el servicio:
- Arica (Canal 28)
- Calama (Canal 28)
- La Serena (Canal 28)
- Viña del Mar (Canal 28)
- Santiago (Canal 28)
- Rancagua (Canal 22)
- Talca (Canal 43)
- Chillán (Canal 41)
- Concepción (Canal 28)
- Temuco (Canal 28)
- Osorno (Canal 22)
- Puerto Montt (Canal 40)
La resolución del organismo regulador cierra con una advertencia sumamente severa. En caso de que La Red intente desobedecer la orden judicial y continúe transmitiendo durante los 10 días de castigo, incurriría de forma inmediata en un delito de acción pública contemplado en la Ley General de Telecomunicaciones. Esto facultaría al Estado a perseguir a los responsables bajo penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio, multas adicionales de hasta 300 UTM y el comiso e incautación inmediata de todos sus equipos de transmisión e instalaciones.
El acuerdo fue autorizado por la unanimidad de los consejeros para ser ejecutado de manera inmediata por la presidenta del CNTV, abriendo un capítulo oscuro e incierto para el futuro de la estación televisiva.
