La irrupción militar de la administración de Donald Trump en territorio venezolano durante los primeros días de enero de 2026, culminando con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ha provocado un sismo no solo en la estructura geopolítica del hemisferio sur, sino también en los cimientos de la ética periodística de la TV chilena.
La cobertura mediática nacional ha operado bajo una lógica de espectacularización que, lejos de informar sobre las complejidades de un quiebre institucional de tal magnitud, ha optado por una narrativa de validación del intervencionismo, la omisión sistemática de antecedentes históricos críticos y la invisibilización de las repercusiones internas de la política de seguridad estadounidense.
El presente informe desglosa cómo los principales canales de televisión chilenos —con especial énfasis en Mega y Canal 13— han construido un relato que privilegia la nostalgia de una “época dorada” inexistente y la opinión de celebridades, mientras relega a un plano marginal las voces de protesta y los hechos que contradicen la narrativa oficial del Departamento de Estado norteamericano.
El revisionismo histórico en Meganoticias: La construcción del mito de la época dorada
El noticiero del canal del Grupo Bethia, a través de un reportaje, ha intentado establecer un contraste binario entre la crisis actual de Venezuela y un pasado supuestamente idílico previo a la llegada del chavismo.
Sin embargo, este ejercicio periodístico incurre en una omisión deliberada de eventos traumáticos que explican, en gran medida, la erosión de la democracia representativa venezolana a finales del siglo XX.
Al evocar la década de 1980 como un periodo de prosperidad sin fisuras, el medio silencia el hito que marcó el colapso definitivo del modelo rentista: el “Viernes Negro” del 18 de febrero de 1983. Este evento, precipitado por el vencimiento de una deuda externa de cerca de $9.000 millones de dólares que el Estado no pudo asumir, puso fin a la llamada “Venezuela saudita” y dio inicio a un ciclo de devaluación y resentimiento social que el equipo de prensa de Mega prefiere no abordar para sostener su relato de estabilidad perdida.
Este quiebre económico fue el preludio del “Caracazo” de 1989, otro estallido social de proporciones devastadoras que el canal ha minimizado. Ocurrido el 27 de febrero de 1989, el Caracazo fue la respuesta popular al “paquetazo” de medidas económicas de austeridad impuestas por el presidente Carlos Andrés Pérez.
La decisión del gobierno de sacar al ejército a las calles resultó en una masacre que dejó un saldo oficial de 276 muertos, aunque cifras extraoficiales y el hallazgo de fosas comunes sugieren que las víctimas se contaron por miles.
Venezuela fue posteriormente condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos hechos, un antecedente que Meganoticias omite sistemáticamente para preservar la imagen de una Venezuela “dorada” que solo habría sido perturbada por el ascenso de Hugo Chávez en 1998.
La cobertura de Mega también ignora que, para el año 1988, el país ya había experimentado un aumento alarmante de la pobreza, pasando del 30% a un 60%, como consecuencia directa del desajuste iniciado en 1983.
La crisis moral y la corrupción generalizada en la vida pública eran percibidas por la población como una realidad ineludible, lo que generó una crisis de representatividad que fue el caldo de cultivo para los golpes militares de 1992.
Al omitir estos hechos, la televisión chilena presenta una historia mutilada que impide a la audiencia comprender que la tragedia venezolana es un proceso de largo aliento, donde las élites tradicionales también tuvieron una responsabilidad criminal en la erosión del tejido social.
El prisma de las celebridades y la validación estética de la intervención
Un segundo eje crítico en la cobertura nacional ha sido el uso de figuras del espectáculo como legitimadores de la acción militar extranjera. Artistas como Carlos Baute y Catherine Fulop han recibido una plataforma desproporcionada en los matinales y noticieros chilenos para celebrar la captura de Maduro y la intervención de Trump.
Baute, por ejemplo, ha calificado la caída de Maduro como un “regalo de Navidad”, agradeciendo explícitamente al mandatario estadounidense por atrapar al “sátrapa”. Por su parte, Fulop ha sido una voz constante en la movilización de la opinión pública, utilizando un lenguaje cargado de emocionalidad que evita cualquier discusión técnica sobre el derecho internacional o la soberanía nacional.
Esta focalización en un grupo específico de artistas alineados con la intervención contrasta con el silencio mediático respecto a las voces críticas del mundo cultural. Figuras de la talla de Roger Waters, Stephen King y Morgan Freeman han expresado un rechazo contundente a la agresión de Trump, calificándola de “salvaje” y denunciando el uso no autorizado de la fuerza militar.
Sin embargo, estas declaraciones han sido prácticamente invisibilizadas en la televisión abierta chilena, creando una falsa sensación de consenso unánime a favor de la invasión en la comunidad artística internacional. La omisión de estas voces no solo es una falta de equilibrio informativo, sino que constituye una herramienta de propaganda que busca despojar al conflicto de su dimensión ética y legal, reemplazándola por una estética de la victoria y la liberación.
Incluso entre los artistas venezolanos, la reacción ha sido más matizada de lo que sugieren los medios chilenos. Mientras algunos celebran la salida del “tirano”, otros como Danny Ocean, Elena Rose y Rawayana han expresado su preocupación por la operación militar en su propio territorio, describiendo la situación como una “guerra espiritual” y pidiendo oración y luz ante la incertidumbre del futuro.
Al centrarse exclusivamente en la euforia de Baute y Fulop, la televisión chilena ignora la angustia de una parte de la diáspora que teme que la “cura” propuesta por Washington resulte más devastadora que la enfermedad que pretende erradicar.
El caso Renee Nicole Good: La paradoja de la libertad y la represión interna
Quizás la omisión más flagrante en la cobertura de la televisión chilena es la falta de mención a las masivas protestas ocurridas dentro de los Estados Unidos contra la administración Trump, y específicamente el impacto del asesinato de la activista Renee Nicole Good a manos de un agente de ICE en Minneapolis el 8 de enero de 2026.
Mientras los matinales chilenos celebraban la “restauración de la democracia” en Caracas, las calles de Minneapolis se veían sumidas en el caos y el enfrentamiento civil tras la muerte de Good, una madre de tres hijos y poeta, en lo que ha sido descrito como una ejecución sumaria durante un operativo migratorio hiper-militarizado.
Renee Nicole Good fue abatida mientras participaba en patrullas vecinales destinadas a monitorear y grabar las actividades de ICE. A pesar de que la administración Trump y la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentaron imponer una narrativa que calificaba a Good de “terrorista interna” que intentó embestir a un oficial con su vehículo, los videos captados por testigos y cámaras de seguridad contradijeron esta versión, mostrando que el agente disparó contra el vehículo cuando este ya se alejaba y no representaba una amenaza inmediata.
Este incidente reabrió las heridas del caso George Floyd en la misma ciudad y desató el movimiento “ICE Out For Good”, con más de 1,000 eventos de protesta programados en todo Estados Unidos para oponerse a la militarización de las deportaciones.
La televisión chilena, al ignorar este conflicto interno estadounidense, evita que la audiencia chilena cuestione la autoridad moral del gobierno que lidera la intervención en Venezuela. Se produce así una disonancia cognitiva mediática: el mismo gobierno que es presentado como el libertador de un pueblo oprimido es responsable, simultáneamente, de una represión violenta contra sus propios ciudadanos y activistas de derechos humanos.
En este contexto, los canales han fallado en establecer este vínculo, priorizando una agenda internacional que favorece los intereses estratégicos de la Casa Blanca por sobre la defensa universal de los derechos fundamentales.
Sesgo ideológico y degradación ética en el programa Tu Día
El análisis detallado del programa matinal “Tu Día” de Canal 13 revela una de las facetas más preocupantes del periodismo televisivo contemporáneo en Chile. La cobertura liderada por los periodistas José María del Pino y Ana María Silva, fue criticada por su falta de objetividad y por comentarios que atentan contra la memoria histórica del país.
Silva no solo ha manifestado un respaldo explícito a la invasión de Trump, sino que ha llegado a sugerir que la entrega de los recursos petroleros venezolanos a potencias extranjeras es un “costo aceptable” para alcanzar la libertad política.
Esta visión mercantilista de la soberanía nacional es alarmante, especialmente cuando proviene de un medio de comunicación que debería velar por la formación de una opinión pública informada. Al validar la entrega del crudo venezolano —la reserva más grande del mundo— como un botín de guerra justificado, la televisión chilena se alinea con la retórica de la “Doctrina Don-Roe” (una alusión a Donald Trump y la Doctrina Monroe), que busca reinstaurar el dominio absoluto de Estados Unidos sobre los recursos naturales de América Latina. La frase de Trump, “el petróleo es nuestro”, citada por diversos analistas internacionales, ha sido suavizada o ignorada en el set de Canal 13 para no empañar el relato de la misión humanitaria.
Más grave aún han sido las alusiones de Ana María Silva y otros panelistas respecto a los detenidos desaparecidos de la dictadura chilena. En un posteo en su Instagram, se han observado comentarios que se perciben como una burla o minimización de esta tragedia histórica, utilizándola de manera instrumental para atacar a sectores políticos que se oponen a la intervención en Venezuela.
Este tipo de comportamiento no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia en la televisión abierta de realizar burlas respecto a grupos vulnerables, ya sea por su situación socioeconómica, su estado de salud o su pasado político.
La “Doctrina Don-Roe” y la geopolítica del petróleo: Lo que la televisión no cuenta
Mientras la cobertura mediática se enfoca en las imágenes de Maduro esposado y los fuegos artificiales en las plazas de Caracas, se omite el análisis de fondo sobre las motivaciones reales de la intervención estadounidense.
El Comité Editorial del New York Times ha calificado la acción de Trump como “ilegal e imprudente”, advirtiendo que este “aventurerismo militar” podría desestabilizar el hemisferio sur por décadas. Incluso figuras políticas de peso en Estados Unidos, como Kamala Harris, han sido tajantes al afirmar que la invasión “no se trata de drogas ni de democracia, se trata de petróleo”.
La importancia estratégica de Venezuela radica en que sus reservas de crudo son fundamentales para la autosuficiencia energética de Estados Unidos ante el agotamiento de sus propios recursos en los próximos años.
La televisión chilena ha fallado en explicar que la captura de Maduro es la culminación de una política de “piratería internacional”, como la ha denominado el gobierno venezolano ante la ONU tras la incautación de buques petroleros. Este ataque sin aprobación del Congreso de los EE. UU. marca un precedente peligroso para cualquier nación de la región que decida ejercer soberanía sobre sus recursos estratégicos.
La respuesta de la comunidad internacional ha sido mucho más fragmentada de lo que la pantalla nacional sugiere. Países como China y Rusia han condenado enérgicamente el ataque y han pedido la liberación inmediata de Maduro, mientras que gobiernos latinoamericanos —incluyendo a Chile, Brasil, Colombia y México— emitieron un comunicado conjunto rechazando las operaciones militares unilaterales como violaciones flagrantes al derecho internacional.
El presidente Gabriel Boric ha sido claro al denunciar que esta vulneración de la soberanía marca un gravísimo precedente que pone en riesgo a toda la región. Sin embargo, esta postura de Estado ha sido contrastada en los medios de comunicación por panelistas de derecha que “festejan como payasos de adorno”, en palabras de la diputada Carmen Hertz, ignorando las consecuencias a largo plazo para la paz regional.
El impacto de la desinformación: Una herida en la democracia chilena
La falta de rigor periodístico en la cobertura de la invasión a Venezuela no es una cuestión meramente estética o de opinión, sino que tiene efectos directos en la calidad de la democracia en Chile.
Cuando los medios de comunicación manipulan la historia, como en el caso de la omisión del Caracazo en Mega, o cuando deshumanizan a las víctimas de la represión interna en EE. UU., como en el caso de Renee Nicole Good, están fallando en su rol constitucional de informar con veracidad.
La construcción de una realidad paralela, donde la fuerza militar es la única solución y el saqueo de recursos es un “costo aceptable”, educa a la audiencia en valores profundamente antidemocráticos.
El CNTV ha registrado un aumento significativo en las denuncias por manipulación de la información y falta a la ética periodística en el último periodo. Los televidentes señalan no solo el sesgo político, sino también el tratamiento “morboso, denigrante e indolente” hacia los entrevistados que no comparten la línea editorial del canal.
Esta conducta es especialmente visible en los matinales, que han pasado de ser espacios de servicio público a convertirse en tribunales de inquisición ideológica donde se ridiculiza a las personas en situación de vulnerabilidad y se romantizan prácticas autoritarias.
La “Doctrina Don-Roe”, que la televisión chilena parece haber adoptado con entusiasmo, representa el regreso a un orden regional basado en el dominio de las grandes potencias por sobre la autodeterminación de los pueblos.
Al no ofrecer una cobertura que contemple las protestas internas en EE. UU., el rechazo de la comunidad artística global y los antecedentes históricos de la crisis venezolana, los canales chilenos se convierten en cómplices de un proyecto geopolítico que pone en riesgo los intereses de las grandes mayorías nacionales en favor de intereses corporativos transnacionales.
