El debate sobre los eventuales indultados por Kast sumó un nuevo y complejo capítulo. Un reportaje emitido por CHV Noticias dejó al descubierto las identidades, antecedentes y argumentos de quienes buscan la clemencia del mandatario.
Según detalló la investigación del departamento de prensa de Chilevisión, el Ministerio de Justicia ya ha recepcionado más de 140 peticiones formales. El equipo periodístico logró acceder de manera exclusiva a 23 de estos expedientes, evidenciando un complejo dilema ético y político para el Ejecutivo.
Crímenes de dictadura y razones humanitarias
La mayor parte de los requerimientos proviene de reclusos de los penales Punta Peuco y Colina 1, sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Entre ellos figura Sergio Valenzuela Morales, exintegrante de la Fuerza Aérea condenado por causas vinculadas al Comando Conjunto.
Valenzuela, quien cumple una pena superior a 11 años de presidio y arrastra secuelas tras un intento de suicidio previo a su encarcelamiento, justificó su solicitud a través de un contacto telefónico con el espacio:
“Primero que todo porque soy inocente, eso téngalo claro. Y segundo por razones humanitarias, tengo enfermedades incurables y tratamiento permanente acá en Gendarmería”.
A su nombre se suman otros internos de avanzada edad y deteriorado estado de salud como Rogelio Lelán, Enrique Rebolledo y Rafael Rivero. La situación reabre la discusión sobre las obligaciones internacionales de Chile frente a los delitos de lesa humanidad.
Uniformados del estallido y dramas familiares
El reportaje de CHV también abordó las peticiones de exagentes de Carabineros sentenciados por apremios ilegítimos durante las protestas de 2019. Entre las carpetas destacan Víctor Lastra y Henry Cuéllar, condenados a 12 años de cárcel por la golpiza que dejó postrado a Mario Acuña en Buin.
La familia de Acuña manifestó su absoluto rechazo ante un posible beneficio:
“Sería para nosotros una burla. Ellos pueden comer, pueden bañarse, pueden hacer todo; y Mario va a seguir así. Eso es lo que da rabia”.
Por otro lado, la investigación expuso casos como el de Yesenia Azócar, condenada a ocho años de cárcel tras dispararle al abusador sexual de su hija menor de edad. La mujer, que actualmente permanece bajo reclusión domiciliaria, apela a una oportunidad de reinserción laboral para mantener a su familia.
Con las carpetas ya ingresadas al Ministerio de Justicia, la administración de José Antonio Kast deberá sopesar sus compromisos de campaña frente a los límites jurídicos y el impacto político que traerá cualquier resolución final.