La Fiscalía de la Región de La Araucanía confirmó la solicitud de una audiencia de formalización contra Alejandro Martini, propietario de Radio La Metro y exmilitante del Partido Republicano. La investigación se centra en la gestión de recursos públicos asignados a través de la Agencia del Gobierno Regional (GORE) en el contexto de programas destinados a la reactivación económica local.
Detalles de la investigación fiscal
De acuerdo con los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, el empresario postuló al programa estatal a través de su firma, la Sociedad de Inversiones Martini. Tras ser seleccionado, recibió una transferencia directa de 50 millones de pesos. Sin embargo, el proceso de rendición de cuentas posterior presentó anomalías que fueron detectadas por los organismos de control pertinentes.
El fiscal regional, Roberto Garrido, señaló que las deficiencias en la documentación presentada para justificar el gasto de los fondos derivaron en la sospecha de un ilícito penal. Según la indagatoria liderada por la unidad de Alta Complejidad, los fondos no habrían sido ejecutados bajo los parámetros exigidos por el Gobierno Regional, lo que configura el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
Audiencia y personas involucradas
La acción judicial no solo recae sobre Martini. El ente persecutor también incluyó en la solicitud de formalización a la cónyuge del empresario, quien estaría vinculada a la administración de la sociedad receptora de los dineros. La audiencia ha sido fijada por el tribunal competente para el próximo 07 de mayo, instancia donde se conocerán los cargos detallados y las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía.
“Se solicitó una audiencia de formalización para el empresario y también para su cónyuge”, confirmó el fiscal Garrido, subrayando que el foco está en la deficiencia técnica y legal de las rendiciones que fueron previamente rechazadas por la Agencia del GORE Araucanía.
Este caso se suma a una serie de investigaciones que buscan esclarecer el destino de transferencias directas desde gobiernos regionales a entidades privadas y fundaciones, reforzando la vigilancia sobre el uso de los erarios públicos destinados al fomento productivo en la zona sur del país.