La disputa judicial entre Paulina de Allende-Salazar y Megamedia ha sumado un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de la comunicadora. Luego de que la Corte Suprema ratificara una sentencia a su favor, la periodista manifestó su profunda disconformidad con la forma en que el canal de televisión ejecutó las medidas reparatorias ordenadas por la justicia chilena, calificando el gesto como insuficiente y carente de compromiso institucional.
Un cumplimiento cuestionado por la periodista
En una reciente entrevista con The Clinic, Allende-Salazar abordó el hito que obligó a Mega a ofrecer disculpas públicas en el matinal Mucho Gusto. Según la profesional, el acto no cumplió con las expectativas legales ni éticas. “Lo primero que puedo decir es que me parecieron pobres, que no son reparadoras, no son empáticas y, lo más grave, tal cual me lo han hecho saber mis abogados, es que Megamedia no cumplió con lo ordenado por los tribunales de justicia”, afirmó de manera tajante.
Uno de los puntos centrales de su reclamo radica en la autoría y el tono del mensaje emitido por la estación. La comunicadora explicó que, bajo su interpretación del fallo, las disculpas públicas debían ser redactadas por ella misma para asegurar una reparación efectiva de su imagen pública. “Eso es bien impresionante, porque lo que dictamina la justicia lo debe cumplir todo el mundo, desde el más humilde hasta un hiper medio de comunicación”, señaló, haciendo énfasis en la responsabilidad social que recae sobre las empresas de comunicación.
El origen del conflicto y la resolución judicial
El caso se remonta al despido de la periodista tras utilizar el término “paco” para referirse a un carabinero asesinado durante una transmisión en vivo. Allende-Salazar ha mantenido que el episodio se trató de un error involuntario durante el relato de los hechos. “Fue un lapsus y en la oreja no me dijeron nada y seguí relatando. En algún minuto, mucho rato después, desde el switch me dicen ‘Paulina, te equivocaste’”, recordó sobre aquel momento.
Tras más de dos años de litigio por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales, la Corte Suprema cerró el proceso en noviembre de 2025. El máximo tribunal no solo ordenó las disculpas, sino que estableció una indemnización cercana a los $98 millones de pesos y la implementación de protocolos internos en el canal.