Este domingo 21 de septiembre, el programa de farándula “Primer Plano” de Chilevisión emitirá una entrevista exclusiva con Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, actualmente imputada por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos. La aparición ocurre mientras Barriga cumple arresto domiciliario nocturno, medida cautelar dictada en el marco de una investigación que se ha extendido por más de cuatro años.
La decisión editorial de ofrecerle un espacio privilegiado en televisión ha generado una ola de críticas entre televidentes y observadores del ecosistema mediático. No se trata solo de una entrevista: es una puesta en escena que, bajo el formato de “conversación íntima”, permite a una figura judicialmente comprometida reconfigurar su imagen pública sin enfrentar cuestionamientos de fondo. Barriga, quien insiste en su inocencia, aprovechará el espacio para relatar su experiencia “privada de libertad”, incluyendo su paso por el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.
La controversia no es menor. En un país donde la confianza en las instituciones se erosiona con cada caso de corrupción, la farándula parece ofrecer una vía paralela de redención mediática. El acceso a pantalla no está condicionado por la ética pública, sino por el interés comercial y el morbo del espectáculo. En este contexto, la televisión deja de ser un espacio de fiscalización y se convierte en una vitrina de impunidad simbólica.
Las quejas ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por otros episodios recientes del mismo programa evidencian una creciente incomodidad ciudadana frente a este tipo de contenidos. La pregunta que queda es si los medios seguirán legitimando figuras cuestionadas en nombre del rating, o si asumirán su responsabilidad en el fortalecimiento de una cultura democrática que no trivialice el delito ni la función pública.