Un nuevo choque entre el poder político y la prensa sacude a Washington. En una resolución emitida este jueves, un juez federal ordenó a la Casa Blanca restablecer de inmediato las credenciales de prensa a CNN, Politico y MS NOW. La medida suspende la polémica orden impuesta por Donald Trump, tras ser calificada como probablemente inconstitucional.
El magistrado de distrito Timothy Kelly concedió una orden de restricción temporal por 14 días mientras continúa el litigio. Según resolvió, la administración vulneró los derechos de los medios al retirar sus pases sin notificación previa ni la posibilidad de defenderse.
Un veto sin debido proceso ni estándares claros
La decisión judicial desestimó los argumentos del Ejecutivo, que intentó justificar la expulsión apelando a la seguridad nacional y al decoro profesional. El juez Kelly subrayó que no existen estándares públicos ni formales que respalden dicha sanción.
“Ciertamente, eso no fue lo que el presidente Trump dijo cuando anunció que ‘vetaba’ a los demandantes de la Casa Blanca; en cambio, se centró en la supuesta falta de veracidad y la negatividad de su cobertura”, sentenció el magistrado en su fallo.
El origen del conflicto se desató cuando el propio mandatario cargó duramente contra los canales y periódicos en Truth Social, acusándolos de difundir noticias falsas de manera deliberada.
La respuesta de la administración Trump
Poco después del veto inicial, el gobernante estadounidense declaró abiertamente ante los periodistas en el Despacho Oval su intención de marginar a estos medios de sus actividades oficiales.
“No los quiero en mi oficina. No los quiero aquí… Escriben noticias negativas a propósito porque quieren intentar disminuir a los republicanos y a un gobierno republicano”, expresó tajante el mandatario.
Ante la inminente orden judicial, Donald Trump arremetió contra el juez Kelly en redes sociales, calificándolo de “totalmente desleal” y confirmando de antemano que su equipo legal apelará el dictamen.
Diversas organizaciones gremiales y cerca de 50 medios de comunicación respaldaron la demanda, advirtiendo que castigar a periodistas por la línea editorial de sus reportajes sienta un peligroso precedente contra la Primera Enmienda.
